Carga de la prueba sobre el Estado

Qué propone

Establecer como principio rector que, cuando el RUI detecta una inconsistencia mediante cruces o integraciones de registros administrativos, es el Estado quien debe probarla y resolverla, y no la persona quien debe demostrar su elegibilidad ni cargar con los errores producidos por los registros del propio Estado.

El problema que resuelve

Karisma ha documentado que una parte importante de las exclusiones injustificadas deriva de inconsistencias entre bases de datos que las personas no causaron y no pueden resolver por sus propios medios. En sus comentarios al decreto del RUI, Karisma señaló que el artículo que asigna la responsabilidad de calidad a cada entidad administradora debería hacer explícito que la carga de la prueba en caso de inconsistencia recae sobre el Estado, pues de lo contrario se impone a las personas una carga administrativa adicional, desproporcionada e injusta.

Quiénes participan

DNP, entidades administradoras de registros fuente y entidades territoriales (funcionarios de verificación).

Qué se gana

Se elimina una fuente sistemática de exclusiones que castigan a las personas por errores institucionales. Se reconoce que quien tiene la capacidad y los recursos para verificar la información es el Estado, no la persona en situación de vulnerabilidad.

Cómo implementarlo

1. Incorporar como regla operativa que, antes de trasladar consecuencias a la persona, la administración debe verificar el origen de la inconsistencia e identificar si proviene de una falla institucional.
2. Establecer que si el Estado no puede sustentar la inconsistencia, debe mantener o restituir la clasificación previa de la persona.
3. Definir procedimientos específicos para resolver inconsistencias originadas en registros administrativos de terceras entidades, evitando que la persona deba gestionar la corrección ante múltiples instituciones.

Aprendizaje clave. Presumir que la persona dice la verdad y exigirle al Estado que pruebe lo contrario es un cambio estructural en la lógica del sistema. Reemplaza el paradigma de sospecha por uno de buena fe y reconocimiento, compatible con la dignidad de las personas en situación de pobreza.

Esta medida viene del cambio propuesto número 5, que el sistema puede incorporar de forma plena.