Buena fe como principio rector del sistema

Qué propone

Revisar y transformar el lenguaje institucional, las campañas de comunicación y las prácticas del sistema que presentan a las personas en situación de pobreza como sospechosas o fraudulentas. Adoptar la buena fe como principio rector de la relación entre el Estado y las personas, en todas las etapas del RUI.

El problema que resuelve

La Fundación Karisma ha documentado que el Sisbén y su entorno institucional operan con una lógica de sospecha que se expresa en campañas sobre los llamados “colados”, en la forma en que se justifica la opacidad del sistema y en prácticas de atención que parten de la presunción de fraude. En el RUI, la autodeclaración bajo la gravedad del juramento y la verificación mediante cruces masivos de registros administrativos pueden reforzar esta lógica si el diseño institucional no la contrarresta activamente.

Quiénes participan

DNP (comunicaciones institucionales), entidades territoriales (atención directa a la ciudadanía), funcionarios de oficinas de gestión de información y entidades administradoras de programas sociales.

Qué se gana

Se transforma la relación entre el sistema y las personas, pasando de una lógica de vigilancia y castigo a una de reconocimiento y titularidad de derechos. Se reduce el efecto disuasorio que la estigmatización produce sobre personas elegibles que evitan inscribirse o reclamar por temor a ser tratadas como sospechosas.

Cómo implementarlo

1. Revisar el lenguaje de todas las comunicaciones institucionales, formularios, instrucciones y campañas del RUI para eliminar mensajes que presuman fraude o mala fe.
2. Incorporar la buena fe como criterio explícito en los protocolos de verificación, atención y actualización de datos. La información autodeclarada por la persona debe presumirse veraz hasta que el Estado demuestre lo contrario.
3. Diseñar programas de formación para funcionarios que atienden población beneficiaria, orientados a reconocer a las personas como titulares de derechos y no como potenciales defraudadores.

Aprendizaje clave. Partir de la sospecha en la formulación de la política produce un sistema en el que es imposible confiar y que, desde el comienzo, trata injustamente a las ciudadanas y ciudadanos más vulnerables. Como señaló Karisma en sus comentarios al proyecto de decreto sobre el RUI, la presunción de buena fe no es una concesión, es una exigencia básica de un Estado de derechos.

Esta medida viene del cambio propuesto número 15, que el sistema puede incorporar de forma plena.